En España, los antecedentes policiales y judiciales difieren en origen y consecuencias. Los policiales son registros de detenciones e investigaciones sin sentencia judicial, utilizados internamente. Los judiciales provienen de condenas firmes y afectan derechos civiles como empleos y licencias. La cancelación de los antecedentes judiciales requiere cumplir la condena y un periodo sin reincidencia según el Código Penal.