En el debate público sobre las denuncias por malos tratos, a menudo se menciona que solo un 1% de estas denuncias son falsas. Sin embargo, la realidad es más compleja, ya que muchas veces las acusaciones falsas no pueden ser perseguidas judicialmente debido a la falta de una resolución firme de sobreseimiento definitivo o archivo y no se tienen en cuenta las dificultades.
Para que una denuncia de malos tratos sea considerada falsa y se pueda perseguir judicialmente, es necesario que exista una resolución judicial firme que así lo determine. Este requisito se basa en que el juez debe dictar un sobreseimiento definitivo o un archivo de la causa.
Las denuncias falsas tienen serias repercusiones tanto para el acusado como para el sistema judicial ya que es innegable el impacto en el acusado y las consecuencias personales y profesionales graves que pueden derivarse de ello, incluyendo el estigma social, la pérdida de empleo y el daño emocional.
Pero además, se genera desconfianza en el sistema judicial no solo en las personas afectadas sino también en la veracidad de las verdaderas víctimas de malos tratos.
Para poder denunciar por denuncia falsa, es imprescindible que el procedimiento inicial haya concluido con una sentencia o auto firme. Esto significa que no puedes presentar una denuncia por falsedad mientras el caso original todavía esté en curso. Una vez que el proceso haya terminado, y si se cumplen ciertos requisitos, podrás proceder a denunciar a quien te acusó falsamente.
Para que un juzgado condene por una denuncia falsa, deben cumplirse los siguientes requisitos:
¿Te explicas ahora por qué solo hay un 1% de denuncias falsas de maltrato?
El sobreseimiento provisional es una resolución judicial que pone fin de manera temporal a un procedimiento penal debido a la falta de pruebas suficientes para continuar con la investigación. Esta resolución no implica una declaración de inocencia o culpabilidad, sino que reconoce la insuficiencia de elementos probatorios en ese momento. Según el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el sobreseimiento provisional se dicta cuando no existen indicios suficientes (porque las pruebas presentadas no son suficientes para justificar la continuación del procedimiento) y porque pudiera reabrirse la causa si aparecen nuevas pruebas que justifiquen la reanudación de la investigación.
El sobreseimiento definitivo, por otro lado, es una resolución que cierra el procedimiento penal de manera concluyente. Se dicta cuando se determina que no existen elementos suficientes para imputar un delito o cuando los hechos investigados no constituyen delito alguno. Según el artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el sobreseimiento definitivo se dicta cuando:
- Los hechos denunciados no constituyen delito.
- No hay pruebas que señalen a una persona como autora del delito.
- El delito ha prescrito o la responsabilidad penal se ha extinguido por alguna causa legal.
La posibilidad de convertir un sobreseimiento provisional en definitivo depende de la evolución de las circunstancias y de la aparición o no de nuevas pruebas. Esta transformación puede ocurrir de dos formas principales:
Por el paso del tiempo y decisión del juzgador: Si después de un período de tiempo no se encuentran nuevas pruebas que permitan reabrir el caso, el juez puede reevaluar la situación y decidir que no hay posibilidad de continuar con la investigación, convirtiendo el sobreseimiento provisional en definitivo.
Por solicitud del interesado a través de su abogado: El interesado (a través de su abogado) puede solicitar al juez que convierta el sobreseimiento provisional en definitivo una vez haya pasado el tiempo correspondiente según el delito del que era acusado. Esta solicitud se tendría que basar en la falta de nuevas pruebas y en la necesidad de proporcionar seguridad jurídica al acusado.
Esto no es es automático sino que requiere un proceso judicial.
Una vez dictado el sobreseimiento definitivo, el caso se cierra de forma concluyente y no puede ser reabierto salvo en circunstancias excepcionales, como la aparición de pruebas que demuestren un error judicial. Esto proporciona seguridad jurídica al acusado, que queda exonerado de las acusaciones y le permite el inicio de las acciones judiciales.